Presentan sus enmiendas de totalidad.
Todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han
registrado este martes una enmienda de totalidad a la "Ley Wert" o
proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con
la que piden la devolución inmediata al Gobierno del texto que ha
presentado.
En total son 11 enmiendas
de totalidad presentadas por PSOE, CiU, la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, CC-NC, Compromís y Geroa Bai,
que se debatirán en la sesión plenaria extraordinaria que se celebrará
en la tercera semana de julio, en torno al día 16 o 17, aunque la
votación de las mismas se celebrará en el Senado puesto que la Cámara
Baja estará en obras, según confirmaron a Europa Press en fuentes
parlamentarias.
No se trata de la primera vez que estos grupos
de la oposición, salvo UPN y Foro que siempre han apoyado al PP en esta
reforma educativa, han pedido la devolución al Gobierno de esta reforma.
De hecho, han votado en varias ocasiones en el Congreso diversas
iniciativas que pedían la retirada de este texto, aunque sin frutos
puesto que el PP las rechazó todas y cuenta con mayoría absoluta en el
arco parlamentario.
UNA LEY IDEOLÓGICA
Así las cosas,
desde el PSOE, se pide la devolución del proyecto de Ley al considerarlo
una normativa "segregadora" y "profundamente ideológica", cuya
aprobación cree que provocaría un "deterioro de la equidad y la calidad
en la educación pública, y perjudicaría gravemente la igualdad de
oportunidades".
Mientras, desde CiU, se ha reclamado al
Gobierno en su enmienda de totalidad que se retire el texto presentado
porque su fin es ideológico y recentralizador de competencias y no
mejora la calidad de la educación, como así dicta su título.
Igualmente, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) exige en su enmienda de
totalidad contra la LOMCE la retirada de esta normativa al considerarla
"segregadora y recentralizadora", además de haber sido "impuesta" a la
comunidad educativa, a la que se le ha dado "la espalda" y no se ha
contado a pesar de que le afecte directamente.
Por parte de
UPyD se exige la retirada de la LOMCE al considerar que se trata de una
normativa "insuficiente" y que no resuelve los actuales problemas de la
educación. "Ésta se queda corta en su diagnóstico de los problemas
educativos y en su ambición de mejora del sistema", sostiene.
A
la vez, la portavoz de Educación del PNV en el Congreso, Isabel Sánchez
Robles, ha exigido la devolución al Gobierno del proyecto de ley de
reforma educativa al considerarla una ley que, a través de la invasión
competencial y la vulneración del Estatuto de Gernika, ataca "de raíz"
al sistema educativo vasco.
Desde Amaiur, insisten en su
enmienda en que es "palpable e insultante" la visión "totalmente
uniformizadora" que plantea la LOMCE con un modelo "caduco y retrógrado"
de estado de educación, situando a España de la realidad social y
lingüística, lo que a su juicio supondría "un gravísimo retroceso en la
educación de los hijos", además de representar una invasión de
competencias.
UNA LEY CLASISTA
Por otro lado, ERC
justifica para pedir la retirada de la reforma educativa que para
mejorar la calidad educativa esta ley opta por una concepción
"partidista, intervencionista, clasista, jerárquica y reaccionaria" de
la educación, que avala una metodología "tradicional, autoritaria,
disciplinaria y acrítica, que supuestamente pretende afrontar los
principales retos educativos y, en particular, el abandono y el fracaso
escolar".
A su vez, el BNG argumenta en su enmienda de
totalidad que esta normativa debilita a la educación pública y de
calidad, recentraliza el sistema educativo y rechaza la conformación
plurinacional, pluricultural y plurilingüística de España, es opuesta a
una enseñanza laica al establecer la religión como asignatura evaluable,
contiene evaluaciones externas y reválidas uniformizadoras, o la
rechaza al implicar la desaparición de la igualdad de oportunidades,
entre otros puntos.
Desde Coalición Canaria-Nueva Canarias,
insisten en exigir la devolución al Ejecutivo de la LOMCE al
considerarla una ley que nace sin acuerdo social y parlamentario, que
implica una renuncia a la educación en valores como pilar de desarrollo
de las sociedades democráticas, es "segregadora y selectiva", a la vez
que devalúa la FP, abandona a la educación infantil, cercena la
participación democrática en la educación, a la vez que supone una
"degradación" y fomenta la privatización del servicio educativo público.
En esta línea, Compromís-Equo, en su texto de enmienda de totalidad,
recogido por Europa Press, alerta de que la LOMCE es una propuesta que
favorece a la enseñanza privada y particularmente a la religiosa, puesto
que admite la legalidad de la financiación pública de los centros que
discriminan al alumnado en función del sexo, como hacen algunos centros
de "ideología ultraconservadora", además de consagrar y reforzar la
presencia de la religión en el currículum escolar.
Finalmente,
Geroa Bai insiste en la línea de que esta reforma educativa es una
propuesta "unilateral" que responde "básicamente" a intereses
ideológicos y ve "inaceptable e incluso antidemocrático" que una ley de
este calado se trate de imponer sin un debate previo ni consenso.
LA DEFENSA DEL CATALÁN
En el proceso de presentación de enmiendas de totalidad ha destacado el
consenso alcanzado por todos los grupos con representación
parlamentaria catalana, salvo el PP, es decir, PSC, CiU, ERC e ICV, que
han pactado un par de párrafos, que todos ellos han incluido en sus
respectivas enmiendas de totalidad, al "negar la diversidad lingüística
de las comunidades autónomas con lengua propia".
Este texto
pactado nace de la propuesta de resolución elaborada por partidos
catalanes a comienzos de junio en el Parlament, que instaba al Gobierno
catalán a pedir al Ejecutivo central la retirada de la reforma, en
defensa del sistema de inmersión lingüística y la reivindicación del
"blindaje" de las competencias educativas de la Generalitat.
Participaron todos salvo el PP catalán y Ciutadans.
A su
juicio, esta normativa supone "un ataque al modelo de inmersión
lingüística que garantiza el conocimiento del catalán y el castellano al
finalizar la formación obligatoria, y que ha sido fundamental para la
cohesión social y la convivencia lingüística en Cataluña".
El
segundo párrafo pactado apunta al carácter "recentralizador, segregador y
elitista" de esta reforma educativa que plantea el Ejecutivo del PP
que, a su juicio, también supone una "amenaza" para el conjunto del
sistema educativo catalán, sustentado en la universalidad y en la
equidad, como garantía de igualdad de oportunidades y en la inclusión
escolar y la calidad de la enseñanza, de acuerdo con lo establecido en
el Estatuto de autonomía catalán y en la Ley de Educación catalana.